Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí, en este acto, en el que, en ejercicio de las responsabilidades que me confiere la Constitución como Presidente de la República, he firmado y promulgado el Decreto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley Contra el Lavado de Dinero.
Como todos sabemos, México padece un serio problema relativo a la actuación de la delincuencia y a la inseguridad que genera entre la población. Por eso, desde el inicio de esta Administración tomamos una firme decisión de enfrentar, con todos los recursos del Estado, a tales organizaciones criminales, que, en efecto, se habían convertido, quizá, en la principal amenaza a la tranquilidad y a la integridad de las familias mexicanas.
Hemos combatido con denuedo las estructuras logísticas y operativas de la criminalidad. Sin embargo, era muy claro que la lucha por un México seguro requería de dotar de nuevas herramientas al Estado mexicano para golpear la capacidad financiera de la delincuencia.
Era y es indispensable combatir a la industria del crimen, particularmente, del crimen organizado transnacional justo en el corazón de sus actividades: en el flujo de dinero que le da poder para corromper autoridades, para intimidar a los ciudadanos y para expandir sus actividades ilícitas.
Es por esa razón que impulsamos la aprobación de una nueva Ley de Extinción de Dominio, para, precisamente, golpear a los criminales ahí, donde más les duele, que es en ganancias ilícitas.
Adoptamos medidas de carácter administrativo para restringir el depósito de dinero y de dólares en efectivo; para detectar, también, y perseguir aquellas operaciones en las que se emplean recursos ilegales y otras.
Pero, evidentemente, hacía falta ir mucho más allá. Y por eso, presenté una iniciativa al Congreso de la Unión, en orden de buscar un nuevo marco legal que recogiera los criterios adoptados por la comunidad internacional para el combate eficaz al lavado de dinero
Así, en agosto del año 2010, y en cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el Ejecutivo Federal en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, presenté al Congreso de la Unión la iniciativa que dio lugar a la ley que hoy se está promulgando.
Fruto de los esfuerzos y consensos entre la sociedad civil y las fuerzas políticas, hoy se materializa esta ley, que fue diseñada para detectar y combatir, con contundencia, el lavado de dinero en nuestro país.
Quiero hacer un sincero reconocimiento a las y a los señores Legisladores en ambas Cámaras del Poder Legislativo, por haber discutido, analizado, enriquecido y, finalmente, aprobado la iniciativa presentada en el 2010.
Se trató de un ejercicio de reflexión responsable, de cara a la sociedad, sobre una materia delicada, en uno de los temas que más preocupan a los mexicanos.
Hoy, finalmente, México cuenta con una ley que le permitirá combatir el flujo criminal de dinero proveniente de delitos que tanto agravian a la sociedad. Y permítanme comentar algunos de sus aspectos más sobresalientes.
En primer lugar. La ley prevé restricciones a las que se deberá sujetar la realización de operaciones comerciales y financieras, susceptibles de utilizarse para lavar dinero.
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