Por:
Agustín Miguel Alonso Raya*
Las
comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos primera
del Senado de la República se encuentran en sesión permanente para el análisis
y redacción de la minuta de reforma y adiciones a la Ley Federal del Trabajo.
Esta
propuesta parte de una Iniciativa Preferente enviada al Congreso por el
Presidente de la República, sin embargo la discusión acerca de la necesidad de
actualizar la Ley Federal del Trabajo tiene al menos 15 años y se han
presentado múltiples iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como en el
Senado de la República, muchas de ellas por legisladores del PRD.
En un país
democrático, plural y en el que se respeta la libertad de expresión, no
deberían de extrañar las múltiples voces que se han levantado a favor y en
contra de la reforma laboral.
Lo
incorrecto son las presiones y los amagos que empresarios, y los eternos
líderes sindicales enquistados en el PRI, están haciendo en contra del Congreso
para que apruebe una reforma laboral a modo, que proteja sus beneficios y con
un mínimo de obligaciones para ellos.
En esta y
en otras propuestas de reformas legales, el Congreso está ejerciendo las
facultades legislativas que le concede la Constitución.
A
diferencia de la Cámara de Diputados, en la de Senadores existe un mayor
equilibrio político. El PRI, que busca aprobar la minuta como está, con sus aliados
del Verde y el Panal, suman 62 votos; en tanto que el bloque de izquierda y el
PAN, que han planteado la necesidad de cambios, alcanzan 66 sufragios.
En el
Senado de la República los legisladores de la izquierda estamos en la mejor
disposición de construir una alianza con el PAN que nos permita hacer cambios a
la minuta.
En este
escenario, el artículo 72 Constitucional establece que si algún proyecto de ley
o decreto fuese desechado en su totalidad o en partes por la Cámara de
revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le
hubiere hecho.
De
regresarse a la Cámara de Diputados, habrá una nueva oportunidad para construir
consensos que permitan mejorar la reforma laboral. En el PRD hemos acordado
priorizar el diálogo, las propuestas y los argumentos sólidos en esta
discusión.
Uno de los
pendientes de la reforma que se discute es el concepto de pago por horas, que
consideramos impreciso, si bien es parte de una realidad que vive el país en
muchos de los negocios de servicios, se tiene que definir y negociar con los
sindicatos bilateralmente para no afectar el contrato colectivo de trabajo.
La
democracia sindical es el déficit principal de la reforma. Al no dejar que los
trabajadores elijan con voto directo y secreto a sus dirigentes, no existen
como consecuencia sindicatos fuertes para ejercer la relación bilateral con las
empresas.
El PRD ha
venido reiterando, en el marco del debate de la reforma a la Ley Federal del
Trabajo, que se hagan públicos los contratos colectivos y los registros de los
sindicatos para que los trabajadores, ciudadanos y empresarios conozcan esta
información.
Este es
otro de los aspectos, en términos de lo que se aprobó en la Cámara de
Diputados, que afecta a los trabajadores.
Respecto al
pago de cuando menos un año de salarios caídos es urgente cambiar las Juntas de
Conciliación, por Jueces de lo Laboral y hacer justicia expedita, es decir,
pronta y sin estorbos.
Mientras no
se acabe con las mafias que están en las juntas y no se establezcan mecanismos
para lograr una justicia expedita, no se debería establecer límite de salarios
caídos a un año porque afecta directamente a los trabajadores.
Es decir,
con el esquema actual de la propuesta de reforma, se plantea contratación
barata y despido barato.
En el caso
del outsourcing si se regula para que haya trabajo especializado que las
empresas necesitan y que no tiene el sindicato con el que firma el Contrato
Colectivo, se da de alta a los trabajadores en el Seguro Social y la empresa
que presta el servicio de outsourcing paga impuestos; pueden existir y convivir
sin necesidad de actuar en la ilegalidad, irregularidad y la evasión de
impuestos.
El PRD está
convencido que la reforma laboral es necesaria para crear un nuevo equilibrio
entre los factores de la producción y modernizar las relaciones laborales; sin
embargo, se tiene que construir un acuerdo entre las partes en conflicto para
impulsar una reforma que mejore la competitividad, productividad y la calidad,
y por lo tanto los beneficios para trabajadores y empresarios.
(*) Agustín
Miguel Alonso Raya es Diputado Federal y Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es Profesor Normalista
y Licenciado en Derecho. Fue fundador del P.R.D en 1989, donde ha sido
Consejero Nacional e integrante de la Comisión Política Consultiva y Presidente
Estatal del partido en Guanajuato. Ha sido Secretario de Prestaciones
Económicas y Secretario de Derechos Laborales del C.E.N del SNTE, entre otros
cargos. También participó en la fundación del Movimiento Democrático Nuevo
Sindicalismo de esta organización. Fue candidato a Gobernador de Guanajuato en
el año 2000 de la Alianza por Guanajuato PRD, PT y Convergencia. Fue también
Diputado Federal en la LIII, LVII y LIX Legislatura, en ésta última ocupó la
presidencia de la Comisión de Seguridad Social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario