Señor licenciado Miguel Márquez Márquez, Gobernador del Estado.
Me da muchísimo gusto compartir con usted esta primera gira, mía, durante la Administración que usted encabeza, y le reitero mi augurio del mejor de los éxitos para su gobierno y para los guanajuatenses, con quienes tenemos una entrañable relación de afecto y aprecio.
Saludo, también, al Magistrado Ernesto Fragoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato.
Al Diputado Alfonso Ruiz Chico, Presidente del Congreso del Estado, también.
Al contador Raúl Castillo, Presidente Municipal de Ocampo. A quien saludo, nuevamente. Recientemente estuvimos aquí para abrir una zona arqueológica, la Zona Arqueológica de El Cóporo. Me dio mucho gusto regresar ahora.
General Alejandro Saavedra, Comandante de la XVI Zona Militar.
Muy estimados colaboradores del Gobierno Federal.
Muy estimados servidores públicos del Sistema de Seguridad Pública Federal.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
Me da mucho gusto estar con todos ustedes para inaugurar este Centro de Readaptación Social Federal en Ocampo, Guanajuato.
El Centro, que hoy ponemos en marcha, fue concebido y construido bajo el concepto de la estrategia penitenciaria que el Gobierno Federal, que tengo el honor de encabezar, diseñó para cumplir una función esencial del Estado mexicano: garantizar el imperio de la ley y, con ello, la seguridad de las familias mexicanas.
Al inicio de la Administración, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad pública exigía el desarrollo de corporaciones policiacas confiables y de Ministerios Públicos eficientes.
El reto era descomunal. Había, prácticamente, que reconstruir, desde los cimientos, el sistema de seguridad y de justicia del país.
Requería, entre otras cosas, la modernización del sistema penitenciario para garantizar una efectiva impartición de justicia, la reinserción social de los internos y la prevención eficaz de los delitos.
Por muchas décadas, México careció de una auténtica política nacional que permitiese el adecuado tratamiento de la población penitenciaria.
Las cárceles, como todos sabemos, acusaban un gravísimo deterioro estructural, principalmente en materia de infraestructura, tecnología y personal confiable.
Este deterioro se reflejó en tres graves problemas: hacinamiento en los penales, donde en una sola celda para dos personas, llegaban a convivir hasta 12 personas; la corrupción sistemática en su interior y, con ello, la imposibilidad de prevenir que los internos reincidieran, una vez cumplida su sentencia, además de fugas constantes, que algunas se siguen presentando, particularmente, exclusivamente, en el orden local.
El rezago que había en materia penitenciaria a nivel nacional, incluido el orden Federal, permitió que por décadas convivieran primodelincuentes con reincidentes, internos en prisión preventiva con internos sentenciados de manera definitiva, internos Federales con internos locales, internos peligrosos con no peligrosos.
Esa situación desvirtuó el sentido original de los penales, consistente en hacer cumplir las penas a quienes violentan el orden público y la ley y, al mismo tiempo, promover su reinserción social efectiva. Los penales se convirtieron, por desgracia, en escuelas del crimen.
A nivel Federal, específicamente, hay que decirlo, no se contaba con las capacidades necesarias para custodiar al total de la población penitenciaria en este fuero. La tradición, la práctica generalizada en México durante décadas, y quizá siglos, fue que los penales a cargo de los gobiernos estatales eran los responsables de custodiar, tanto reos de delitos de orden local, como de orden Federal.
De hecho, al inicio de esta Administración, incluso, el Sistema Penitenciario Federal sólo custodiaba a internos de máximo riesgo; es decir, poco más de tres mil internos, y el resto de la población penitenciaria Federal, de alrededor de 44 mil, se encontraba distribuido en penales estatales e, incluso, municipales.
Esa fue la razón por la que pusimos en marcha un conjunto de acciones dirigidas a modernizar los penales Federales, a fortalecer la seguridad en su interior y a crear las condiciones propicias para facilitar la reinserción social de los internos.
Entre estas acciones, destacan:
Primero. Iniciamos un proceso sin precedentes para construir infraestructura moderna que permitiera al Gobierno Federal controlar y administrar las penas impuestas a delincuentes Federales.
Como parte de este esfuerzo, la semana pasada inauguramos el CEFERESO número 11, en Hermosillo, y hoy, ponemos en operación este Centro Federal de Readaptación Social número 12 aquí, en el Municipio de Ocampo, en Guanajuato.
Ambas obras, además, fueron construidas bajo un novedoso mecanismo, el mecanismo de asociaciones público-privadas, al igual que otras seis instalaciones penitenciarias que se encuentran en construcción, también, de este tamaño.
Cabe destacar que para construir y poner en marcha este Centro, fue necesaria una inversión de tres mil 750 millones de pesos, lo que permitió dotarlo de una capacidad para albergar a un mínimo de tres mil 300 internos bajo los más altos estándares de seguridad, capacidad que puede ampliarse hasta cuatro mil internos, como es el caso, también, del penal recién inaugurado en Hermosillo.
Para garantizar el efectivo control de su población, este Centro ha sido dotado de equipo de vanguardia que garantiza el gobierno al interior de las instalaciones, mediante el monitoreo permanente, intramuros y extramuros.
Con ello, avanzamos en el fortalecimiento de la política que se ha establecido a nivel Federal, de cero riñas, cero motines, cero fugas.
Es importante señalar que la red de telecomunicaciones con los que cuentan éste y todos Centros Federales de Readaptación Social, permitirá integrar permanentemente bases de datos sobre los internos mismos y llevar el registro de los elementos encargados de la seguridad penitenciaria.
Así, generaremos información relevante para inteligencia de orden, que permita fortalecer la política de seguridad en todo el país.
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